El diputado provincial Gustavo Pulti ha elevado una demanda al Gobierno, solicitando transparencia en relación con el acuerdo alcanzado entre la Administración General de Puertos y el Ejército de los Estados Unidos. Este acuerdo, expresado en un Memorándum de Entendimiento, ha permitido la entrada del Cuerpo de Ingenieros de las fuerzas armadas estadounidenses en la Hidrovía del Paraná, una acción que ha despertado preocupación y controversia.
En declaraciones a AM750, Pulti expresó su inquietud, señalando que el administrador de Puertos ha suscrito este acuerdo sin la legitimidad ni la representación adecuada. En este sentido, el diputado cuestiona que una figura de tercer nivel en la jerarquía administrativa haya tomado una decisión de tal trascendencia sin la aprobación del Congreso.
La firma de este memorándum, realizada el pasado 7 de marzo, contó con la presencia de figuras como el interventor de la AGP, Gastón Benvenuto, y el embajador estadounidense en Argentina, Marc Stanley. El objetivo declarado del acuerdo es mejorar la eficiencia y el mantenimiento de la navegación en la Hidrovía, así como contribuir al equilibrio ambiental y al desarrollo de infraestructura.
Sin embargo, desde el ámbito político de Unión por la Patria, se argumenta que la AGP, como entidad de tercer nivel, no tiene la autoridad para tomar decisiones de tal envergadura sin la aprobación del Congreso. Además, se critica la falta de participación del Ministerio de Defensa y la Cancillería Argentina en este proceso, considerando que afecta la soberanía nacional.
El diputado Pulti también ha destacado otros episodios que ponen en tela de juicio la defensa de la soberanía nacional por parte del gobierno. Menciona la creación de una zona de restricción para la navegación y pesca argentina por parte del gobierno británico en las Islas Georgias y Sandwich del Sur, así como el plan para construir un puerto en las Islas Malvinas, percibido como una amenaza para la soberanía argentina.
Por otro lado, Gastón Benvenuto, recién designado interventor de la AGP, ha iniciado un proceso de reestructuración en el organismo, que incluye la cesantía de unos 50 a 60 trabajadores, aparentemente como parte de un plan de privatización impulsado por el gobierno de Javier Milei.
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