Por Gustavo Restivo
El Gobierno argentino se encuentra en medio de una polémica decisión: la posible eliminación de los fideicomisos, instrumentos financieros que han sido objeto de críticas por su falta de transparencia y control en el uso de los recursos públicos. Esta medida, propuesta como parte de la Ley Ómnibus, busca mejorar la gestión financiera del Estado, pero enfrenta resistencia y debate por parte de diversos sectores políticos y gubernamentales.
El Gobierno argentino se encuentra en camino de eliminar los fideicomisos, una decisión que ha provocado un intenso debate político y gubernamental. Esta medida, contemplada en la Ley Ómnibus, otorga al Ejecutivo la facultad de transformar, modificar o eliminar fideicomisos públicos creados por normas legales, incluyendo aquellos destinados a subsidios. El objetivo principal es mejorar la racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de los recursos públicos.
Los fideicomisos, también conocidos como fondos fiduciarios, son herramientas utilizadas para transferir activos a una entidad fiduciaria encargada de administrar los fondos, típicamente destinados a financiar obras y proyectos. Sin embargo, la falta de auditorías rigurosas y la opacidad en la gestión de estos fondos han generado críticas y controversias en cuanto a la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de los fondos públicos.
Actualmente, operan alrededor de 29 fideicomisos con un presupuesto que oscila entre 8 mil y 10 mil millones de dólares, representando aproximadamente dos puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI). Entre estos fideicomisos se encuentran importantes proyectos como el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y el Procrear.
El economista Javier Milei ha sido uno de los principales impulsores de esta medida, describiendo los fondos fiduciarios como "cajas negras de la política" debido a la falta de control sobre su uso. Milei ha denunciado que estos fondos, que alcanzan los 20 mil millones de dólares, son gestionados de manera opaca por la clase política en su propio beneficio.
Los fideicomisos financieros han sido utilizados como una herramienta para el manejo discrecional de fondos públicos, permitiendo a los gobiernos provinciales acceder a recursos sin rendir cuentas claras sobre su uso. Esta falta de transparencia crea un caldo de cultivo ideal para la corrupción y el despilfarro, al tiempo que socava los principios fundamentales de una gestión responsable.
Es inaceptable que los gobernadores y legisladores provinciales opten por mantener este sistema arcaico y pernicioso, en lugar de abogar por mecanismos financieros más transparentes y controlados. Al hacerlo, demuestran su total desapego por el bienestar de sus ciudadanos, priorizando sus propios intereses y privilegios sobre las necesidades del país.
A pesar de la resistencia de algunos sectores, el Gobierno no planea eliminar todos los fideicomisos de manera inmediata, sino que pretende eliminar algunos y fortalecer otros según lo indicado en el proyecto enviado al Congreso. En resumen, la eliminación de los fideicomisos busca mejorar la transparencia y el control en el uso de los recursos públicos, pero enfrenta desafíos debido a la resistencia de diversos sectores políticos y gubernamentales.
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