LA MATANZA: la estremecedora realidad social bonaerense

La noticia sobre la toma de tierras, tiroteo y la trágica pérdida de vidas en el partido de La Matanza es estremecedora y refleja una realidad social compleja. Este incidente revela una serie de problemas subyacentes que van más allá de un simple enfrentamiento. 



En la actualidad, enfrentamos una problemática compleja relacionada con la llegada de comunidades extranjeras a nuestro país, motivadas por las dificultades en sus lugares de origen. Esta situación, aunque refleja la realidad global de migraciones forzadas, esta problemática de países vecinos, son soportadas en parte con fondos del erario público, es decir con el pago de impuestos de argentinos, también destaca la ineficiencia de nuestro Estado, ya de por sí poco eficiente en la contención de estas comunidades o en la repatriación de las mismas, al no poder ofrecerles condiciones de estabilidad. No hay condiciones para connacionales y estamos desperdiciando recursos sin poder brindarles una solución verdadera. 

Estas comunidades se establecen en sectores ya empobrecidos debido a políticas desacertadas de años anteriores, los problemas económicos preexistentes, exacerbando las condiciones de vulnerabilidad de esas comunidades y de los argentinos todos. En definitiva, la ausencia de una presencia gubernamental significativa agrava aún más la situación, ya que el Estado no logra satisfacer las necesidades de estas comunidades de manera adecuada.

Además, la convivencia pacífica entre estas comunidades y las ya existentes en las zonas se ve amenazada, revelando tensiones sociales y la falta de estrategias para fomentar la integración intercultural. Esto no solo afecta el tejido social, sino que también aumenta la probabilidad de conflictos y violencia comunitaria.




La falta de medidas preventivas por parte del Estado agrava la situación, permitiendo la proliferación de problemas sociales como la ocupación ilegal de tierras. La inacción gubernamental crea un escenario propicio para la comisión de delitos, dejando a estas comunidades en una posición vulnerable y marginada.

Es evidente que se requiere una respuesta más proactiva del Estado, abordando no solo las consecuencias inmediatas de la llegada de estas comunidades, sino también implementando políticas integrales que enfoquen en la prevención, integración y mejora de las condiciones de vida para todos los ciudadanos. La atención a estas problemáticas no solo garantizará una convivencia armoniosa, sino que también contribuirá a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.




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