Por Gustavo Restivo
En el engranaje de la política, la impunidad a menudo parece ser la norma más que la excepción. Este fenómeno se pone de manifiesto de manera elocuente en el caso de la estatización de YPF, donde la clase política parece esquivar las consecuencias de una mala praxis monumental que deberá afrontar la ciudadanía argentina, aunque los libertarios aseguraron que las consecuencias serán pagadas por la casta.
La decisión de estatizar YPF, en su momento, una de las principales empresas petroleras en el país, generó un debate polarizado desde el principio. Críticos argumentaron que la movida carecía de fundamentos sólidos y señalaron la falta de transparencia en el proceso decisional. Sin embargo, a pesar de las críticas y la controversia que rodearon esta medida, la política parece haber eludido las consecuencias esperadas.
Este caso ejemplifica una preocupante tendencia: la falta de responsabilidad efectiva en el ámbito político. Aunque la mala praxis en la toma de decisiones impacta directamente en la sociedad y la economía, quienes están al mando rara vez enfrentan repercusiones significativas.
La impunidad política plantea interrogantes sobre la integridad de nuestras instituciones y la efectividad de los mecanismos de rendición de cuentas. Los ciudadanos, testigos de estas situaciones, buscan respuestas sobre cómo garantizar que aquellos que toman decisiones de gran alcance rindan cuentas por sus acciones o paguen las consecuencias.
En conclusión, el caso de la estatización de YPF sirve como un recordatorio contundente de la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas en el ámbito político. La sociedad espera y merece líderes responsables que asuman las consecuencias de sus acciones, incluso cuando la mala praxis parece ser moneda corriente en el escenario político.
Carlos Rodriguez, Dr en economía, presidió el directorio de la UCEMA y es hombre de consulta de Milei, publicó en X.com:
Para pagar Dls 16000 millones hay que pagar aprox. 1000 millones anuales por 20 años. O sea hay que reducir gastos politicos en 1000 millones de dolares anuales x 20 años. No es tanto entre baja de sueldos, eliminacion de cargos y venta de activos.
Será el "ajuste kicillof".
El costo lo pagará la política que fue la culpable de ese desatino
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